Con el fin de garantizar el fortalecimiento del tesoro y la liquidez de los hogares, las empresas y otras entidades de la economía social, mitigando los efectos de la reducción de la actividad económica, se aprobó una moratoria de 6 meses hasta el 30 de septiembre de 2020, que prevé la prohibición de revocación de las líneas de crédito contratadas, la prórroga o suspensión de créditos hasta el final de este plazo, con el fin de garantizar la continuidad de la financiación a las familias y empresas y evitar posibles incumplimientos.
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